Doce organizaciones presentan documento técnico con estándares mínimos para políticas ambientales verificables ante ausencia de propuestas rigurosas en programas presidenciales
Este 14 de octubre recién pasado, en Santiago y ante la falta de tratamiento científico serio de la crisis ambiental en los programas presidenciales, doce organizaciones científicas y ambientales presentaron “Un Medioambiente Mal-Tratado”, documento que establece tres compromisos mínimos basados en evidencia para cualquier futuro gobierno de Chile, uno de los países más vulnerables al cambio climático.
El documento exige que las candidaturas presidenciales asuman públicamente estándares de no regresión, respeto a legislación vigente y transparencia total en datos ambientales. Las organizaciones destacan que en un país cuya matriz productiva depende intensamente de recursos naturales, la protección ambiental no es solo un derecho fundamental, sino una necesidad estratégica económica respaldada por consenso científico internacional.
Metodología científica como requisito
“Es indispensable que la protección ambiental esté en el centro con evidencia científica”, señala la declaración. Las organizaciones exigen evaluaciones rigurosas con líneas base sólidas, metodologías verificables y alternativas respaldadas por datos empíricos en tres áreas críticas: seguridad hídrica, conservación de biodiversidad y transición energética justa.
El primer compromiso establece la no regresión de estándares ambientales. Se exigen protocolos de evaluación con evidencia científica verificable, fortalecimiento de capacidades técnicas en instituciones fiscalizadoras y metodologías robustas en estudios de impacto ambiental.
Cumplimiento de tratados internacionales
El segundo pilar demanda respeto integral a tratados científicos como el Acuerdo de París, Escazú y el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal. También exige implementar la Ley Marco de Cambio Climático con indicadores medibles, cronogramas verificables y normas de calidad basadas en estudios de salud pública.
El tercer compromiso establece transparencia total: acceso público a información técnica, bases de datos ambientales y metodologías detrás de decisiones sobre bienes comunes, exigible también a empresas privadas.
“Adherir a estos tres mínimos eleva el debate con evidencia, no con eslóganes”, afirma Benjamín Carvajal de ONG Uno Punto Cinco. Flavia Liberona, directora de Fundación Terram, agrega: “Este es un piso técnico razonable que da certezas y compromiso público con criterios científicos verificables”.
Las organizaciones ofrecen trabajar con comandos presidenciales estableciendo indicadores cuantificables y mecanismos de verificación científica.
